Así, desde hace más de quince años se reporta el interés de la empresa Magma Silver Corp., situación que ha generado tensiones en la comunidad por el otorgamiento del consentimiento comunal. Ante ello, no se evidencia la intervención de entidades de fiscalización ambiental del Estado, lo que incrementa los riesgos de afectación al derecho al acceso al agua y genera impactos en la actividad productiva comunal.

En este contexto, las comunidades y personas que defienden el agua y el territorio enfrentan hostigamiento, estigmatización y presiones institucionales, principalmente por parte de instancias del gobierno local, como consecuencia de su oposición a actividades extractivas y de su exigencia de protección de la cuenca del Cachi.

A pesar que se ha instalado una Mesa Técnica como resultado de la movilización social y el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, el conflicto permanece abierto y persisten riesgos de criminalización, la falta de garantías para la protección de las personas defensoras y la gestión del agua.

Entre 2012 y 2014 se ejecutó el reasentamiento forzado de aproximadamente 5,000 habitantes hacia la denominada Nueva Morococha, con el objetivo de viabilizar la explotación a tajo abierto. Posteriormente, en 2018, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales participó en la expropiación de terrenos en Morococha para beneficiar la ampliación del proyecto minero.

La ampliación de Toromocho se desarrolló desde 2020, en un contexto en el que las familias afectadas presentaron observaciones ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), señalando impactos ambientales y cuestionamientos al cumplimiento del derecho a un reasentamiento digno.

En 2025, solo cinco familias permanecían en la antigua ciudad de Morococha resistiendo el desalojo, denunciando incumplimientos en la provisión de servicios básicos y en las oportunidades laborales ofrecidas como parte del proceso de traslado. En septiembre de ese año, las familias fueron desalojadas de manera forzada.

Las familias han enfrentado hostigamiento y estigmatización por su resistencia al desalojo y sus demandas por condiciones adecuadas de vivienda y servicios. Frente a esta situación, la comunidad desarrolló peticiones formales ante SENACE, acciones de incidencia pública y campañas de solidaridad para visibilizar sus demandas, articulando esfuerzos colectivos en defensa de sus derechos territoriales y sociales.

En abril de 2025, la Junta Directiva de la comunidad presentó una acción de amparo solicitando la nulidad de más de 20 concesiones otorgadas por el MINEM, argumentando la ausencia de consulta previa y la vulneración de su derecho al territorio comunal. La demanda busca que se reconozca la afectación a sus derechos colectivos y se suspendan los efectos de las concesiones superpuestas.

En el proceso las y los comuneros han denunciado situaciones de hostigamiento y estigmatización, así como la afectación directa a su derecho a la consulta previa. También se reportan vulneraciones al derecho al territorio comunal y al derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado.

Ante esta situación, la comunidad, con el acompañamiento de organizaciones como Red Muqui y Proyecto Amigo, ha impulsado acciones legales y estrategias de incidencia pública. Asimismo, desarrolla acciones de vigilancia comunal en su territorio.

El conflicto social en el Valle de Tambo por el proyecto minero Tía María, Arequipa se inició en 2009, tras la presentación del primer Estudio de Impacto Ambiental por parte de Southern Perú Copper Corporation el 07 de julio de ese año. Desde entonces, la población local expresó su rechazo al proyecto por los posibles impactos ambientales en la agricultura y en los recursos hídricos, principal sustento económico de la zona.

Las protestas sociales realizadas desde 2011 han dejado al menos siete personas fallecidas, entre civiles y un efectivo policial, en los años 2011, 2015 y 2019. Durante estos episodios se registraron intervenciones de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, con denuncias de uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, así como detenciones arbitrarias contra pobladores y dirigentes sociales.

En marzo de 2025, representantes del Valle de Tambo, con el acompañamiento de organizaciones como FEDEPAZ, Red Muqui y Instituto de Defensa Legal, interpusieron una demanda de amparo contra la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, argumentando el vencimiento del plazo de vigencia establecido por la normativa administrativa. Asimismo, presentaron una medida cautelar contra la Resolución Directoral N.° 0692-2025-MINEM/DGM, emitida por el Ministerio de Energía y Minas, que autoriza el inicio de la explotación del proyecto minero.

Entre las entidades estatales involucradas se encuentran el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en el marco de sus competencias administrativas y ambientales.

Las personas defensoras han enfrentado amenazas, procesos de criminalización y actos de hostigamiento por participar en movilizaciones y acciones públicas. Se reportaron afectaciones a los derechos a la protesta, reunión y libertad de expresión, así como escenarios de estigmatización social.

Frente a esta situación, la población del Valle de Tambo ha desarrollado diversas formas de organización colectiva, incluyendo movilizaciones, paros, asambleas públicas y ollas comunes en distintos distritos de la región Arequipa. Asimismo, han recibido respaldo de organizaciones y colectivos de otras regiones del país, como Puno y Lima, mediante plantones y acciones de solidaridad, configurando una articulación interregional en defensa del territorio y los recursos hídricos.

Actualmente el caso se encuentra en segunda instancia, en la tercera sesión de sustento de acusaciones. Se espera la desestimación de dos delitos, lo que podría reducir tanto la pena como el monto de reparación civil exigido por la empresa y el Estado. En el proceso participa la Procuraduría en calidad de parte acusadora, mientras se registra la ausencia de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo.

Las personas procesadas enfrentan riesgos de criminalización prolongada, estigmatización social, restricciones a su movilidad, afectación a sus oportunidades laborales y la exigencia de pagos económicos al Estado y a la empresa minera, configurando un escenario de presión.

Durante el proceso, las personas defensoras enfrentaron estigmatización, amedrentamiento y restricciones a su participación pública, incluyendo órdenes de restricción de salida del territorio y el riesgo de detención, así como la imposición de una reparación civil de USD 86 a favor de la empresa y S/ 20,000 al Estado.

En el caso se evidenció la participación de la Procuraduría, mientras que instancias como la Fiscalía de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, estuvieron ausentes. Frente a ello, se realizaron plantones y movilizaciones públicas en respaldo a las personas criminalizadas, reafirmando su rol como defensoras del territorio y el derecho a la protesta social.