Durante las protestas sociales realizadas en 2015 por comunidades de Cotabambas contra la unidad minera Las Bambas, 19 personas fueron detenidas en los alrededores de las manifestaciones. Posteriormente, fueron acusadas por delitos como tenencia de armas, disturbios y afectación a la tranquilidad pública, a partir de una denuncia presentada por la empresa minera MMG Las Bambas por presuntos daños a la propiedad privada. A pesar que las personas procesadas fueron absueltas en primera instancia, la empresa apeló la decisión y el proceso fue reiniciado, derivando en el encarcelamiento preventivo de Brandon Quispe y Javier Mamani por un año.
Actualmente el caso se encuentra en segunda instancia, en la tercera sesión de sustento de acusaciones. Se espera la desestimación de dos delitos, lo que podría reducir tanto la pena como el monto de reparación civil exigido por la empresa y el Estado. En el proceso participa la Procuraduría en calidad de parte acusadora, mientras se registra la ausencia de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo.
Las personas procesadas enfrentan riesgos de criminalización prolongada, estigmatización social, restricciones a su movilidad, afectación a sus oportunidades laborales y la exigencia de pagos económicos al Estado y a la empresa minera, configurando un escenario de presión.