Diecisiete personas defensoras de derechos humanos (líderes sociales) fueron sometidas a un proceso de criminalización por su participación en las protestas realizadas en el año 2015 contra la unidad minera Las Bambas. El proceso judicial se inició ese mismo año y, tras casi una década, en 2024 las personas defensoras fueron declaradas culpables en primera instancia, decisión que fue revocada en 2025 al ser absueltas en segunda instancia. No obstante, la empresa MMG Las Bambas ha interpuesto un recurso de casación, cuestionando la decisión judicial y prolongando la situación de incertidumbre.
Durante el proceso, las personas defensoras enfrentaron estigmatización, amedrentamiento y restricciones a su participación pública, incluyendo órdenes de restricción de salida del territorio y el riesgo de detención, así como la imposición de una reparación civil de USD 86 a favor de la empresa y S/ 20,000 al Estado.
En el caso se evidenció la participación de la Procuraduría, mientras que instancias como la Fiscalía de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, estuvieron ausentes. Frente a ello, se realizaron plantones y movilizaciones públicas en respaldo a las personas criminalizadas, reafirmando su rol como defensoras del territorio y el derecho a la protesta social.