Desde 2007, la comunidad de Morococha, en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, región Junín, enfrenta un proceso de desplazamiento y conflictividad social vinculado al proyecto minero Toromocho, operado por la empresa china Aluminum Corporation of China (Chinalco). El inicio del proyecto estuvo acompañado de compromisos relacionados con reasentamiento, vivienda digna, empleo y acceso a servicios básicos, los cuales, según denuncian las familias afectadas, no fueron plenamente cumplidos.
Entre 2012 y 2014 se ejecutó el reasentamiento forzado de aproximadamente 5,000 habitantes hacia la denominada Nueva Morococha, con el objetivo de viabilizar la explotación a tajo abierto. Posteriormente, en 2018, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales participó en la expropiación de terrenos en Morococha para beneficiar la ampliación del proyecto minero.
La ampliación de Toromocho se desarrolló desde 2020, en un contexto en el que las familias afectadas presentaron observaciones ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), señalando impactos ambientales y cuestionamientos al cumplimiento del derecho a un reasentamiento digno.
En 2025, solo cinco familias permanecían en la antigua ciudad de Morococha resistiendo el desalojo, denunciando incumplimientos en la provisión de servicios básicos y en las oportunidades laborales ofrecidas como parte del proceso de traslado. En septiembre de ese año, las familias fueron desalojadas de manera forzada.
Las familias han enfrentado hostigamiento y estigmatización por su resistencia al desalojo y sus demandas por condiciones adecuadas de vivienda y servicios. Frente a esta situación, la comunidad desarrolló peticiones formales ante SENACE, acciones de incidencia pública y campañas de solidaridad para visibilizar sus demandas, articulando esfuerzos colectivos en defensa de sus derechos territoriales y sociales.