Desde el año 2024, la cuenca del río Cachi, ubicada en las provincias de Vilcas Huamán y Huanta, región Ayacucho, viene enfrentando afectaciones a sus fuentes de agua y territorios comunales. Esta situación ha generado preocupación en comunidades campesinas, organizaciones sociales y colectivos juveniles debido a los riesgos para la disponibilidad y calidad del agua, así como a la adopción de decisiones sin procesos adecuados de información, consulta y participación.
En este contexto, las comunidades y personas que defienden el agua y el territorio enfrentan hostigamiento, estigmatización y presiones institucionales, principalmente por parte de instancias del gobierno local, como consecuencia de su oposición a actividades extractivas y de su exigencia de protección de la cuenca del Cachi.
A pesar que se ha instalado una Mesa Técnica como resultado de la movilización social y el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, el conflicto permanece abierto y persisten riesgos de criminalización, la falta de garantías para la protección de las personas defensoras y la gestión del agua.